Condenados por vender un piso más pequeño de lo acordado

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao ha condenado a una promotora a indemnizar a una pareja con 53.577 euros porque la vivienda que adquirieron no cumplía las condiciones pactadas en el contrato, según publica El Correo. El piso costó 643.000 euros, pero sus dueños no pudieron estrenarlo hasta casi dos años más tarde de la fecha prevista de entrega, cuando finalmente entraron en la casa se dieron cuenta de que era algo más pequeña de lo estipulado y había fallos. El juez ha reconocido su derecho a ser compensados por daños y perjuicios. El importe global de la indemnización fijado en la sentencia es de 53.777 euros, que es la suma de los tres conceptos: menor superficie, retraso en la entrega y fallos de acabado. La empresa prepara un recurso de apelación contra uno de los tres puntos de la sentencia, el pago de 24.287 euros por la diferencia de superficie útil entre las condiciones del contrato y las de la vivienda.

El piso se entregó casi dos años después

Los propietarios debían haber estrenado su hogar en el segundo trimestre de 2007, pero no pudieron poner los pies en su casa hasta casi dos años después. Este es uno de los motivos por los que la empresa deberá indemnizar a los demandantes ya que “no ha podido justificar” que la demora se deba a una de las causas previstas en el contrato. Aunque la certificación de obra se emitió en octubre de 2008, todavía quedaban pendientes “numerosas labores de acabado”.

Al no poder entrar en su casa, los demandantes tuvieron que alquilar piso y garaje (también habían adquirido una plaza en el complejo residencial). Ambas facturas, de 21.850 y 1.440 euros, respectivamente, deberán ser abonadas por la promotora. El juez considera que su reclamación está justificada, algo bastante habitual en los pleitos inmobiliarios según explican los abogados que han llevado el caso a El Correo, Alfredo Crespo y Álvaro Ortega.

Esos metros que marcan la diferencia en un piso

El aspecto más significativo de la sentencia es la compensación económica por la “pérdida de superficie habitable respecto de la inicialmente pactada”. Los demandantes compraron un piso de 90,82 metros cuadrados y se encontraron con uno de 87,46, según la medición realizada por el perito de los demandantes. El de la promotora estima que es algo mayor (88,02) tras tomar medidas con una máquina láser. La sentencia da por bueno el primer cálculo por considerar que puede haber “ligeras desviaciones” en el instrumento utilizado. La diferencia puede parecer irrelevante, pero el juez no olvida que cada metro cuadrado “tenía un valor próximo a los 7.500 euros”. Tampoco acepta el argumento de que la vivienda se vendió “como un cuerpo cierto”, lo que excluiría modificaciones en el precio por tener mayor o menor superficie.

Este criterio no puede aplicarse cuando los inmuebles se venden sobre plano y a los compradores les resulta imposible valorar sus dimensiones reales. El magistrado cita como referencia una sentencia del Supremo y fija una compensación de 24.287 euros por esa ‘laguna’ de 3,43 metros cuadrados. En cambio, rebaja las pretensiones económicas de los demandantes por los “defectos en acabados de la vivienda” que detectaron desde el primer día, pese a tener “estándares de alta calidad”. Los peritos han constatado que no se trata de fallos constructivos de importancia sino de “imperfecciones” que obedecen a una “ejecución descuidada en los detalles finales”, como la limpieza de elementos metálicos.

El juez considera “desmedidos” los costes de algunas partidas que figuran en el informe, y en este aspecto da más crédito a los peritos de la otra parte. Por ello cifra en 6.000 euros el coste de las reparaciones, 8.000 menos de lo que se reclamaba. La empresa prepara un recurso de apelación contra uno de los tres puntos de la sentencia, el pago de 24.287 euros por la diferencia de superficie útil entre las condiciones del contrato y las de la vivienda. La promotora solicitó la intervención de la empresa constructora del inmueble y los arquitectos técnicos que participaron, pero los demandantes se opusieron y han quedado al margen del proceso.

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