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Cuando se confunde lo deseado con lo comprado

Pedro Hernández del OlmoSe impugna la venta de dos parcelas de terreno por considerar que los terrenos eran rústicos, no eran urbanizables o no estaban incluidos en el PAU (Plan de Actuación Urbanística) y ello no puede calificarse como obligación accesoria.

El Tribunal Supremo (s. veinticuatro de Enero de dos mil trece) desestima el recurso rechazando el citado motivo y obliga a los compradores al cumplimiento del contrato de compraventa por considerar que:

La recurrente confunde lo deseado con lo declarado, a saber, en los contratos en los que compró las fincas se expresaba su naturaleza rústica y su inclusión en el PAU 26, y eso lo han cumplido los vendedores, pero nunca se dijo que debían ser urbanos, ya que ello solo podría alcanzarse mediante la tramitación del Plan, y no se hizo constar como condición, probablemente porque la compradora consideró previsible lo que luego no consiguió, es decir, que todas las parcelas fuesen urbanas.

Las fincas estaban en el PAU 26, y cumplida la obligación de entrega, ningún incumplimiento puede imputarse a los vendedores que transmitieron fincas rústicas y comprándolas la demandada sabiendo que lo eran y que estaban sometidas a un Plan de Actuación. No condicionándose la venta al éxito total o parcial de la reparcelación.

Tampoco es admitida de invocación de incumplimiento esencial y grave de la obligación al ser parte de los terrenos no urbanizables (art. 1124 CC) Este planteamiento, cae por su base, pues si bien parte de los terrenos no eran urbanizables, no consta que la parte vendedora se comprometiese contractualmente a que todos los metros fuesen urbanizables. El contrato solo expresa que estuviesen en el PAU 26 y ello se ha cumplido.

No se acredita que la parte vendedora mediante maquinaciones insidiosas provocase confusión en la compradora, ni que los vendedores obrasen de mala fe. Ciertamente la condición de profesional de la demandada le debería haber impulsado a una consulta del régimen urbanístico de lo adquirido, y si no lo hizo no puede intentar que los riesgos de su inactividad recaigan sobre los vendedores.

Así, según la sentencia de 17 de noviembre de 2006 , “no puede decirse que la buena fe exigible, como comportamiento honesto y leal en los tratos ( artículos 7.1 y 1258 CC ), imponga un especial deber de información de los vendedores que venga a coincidir con la que pueda obtenerse mediante la consulta de los Registros y de las Oficinas Públicas que la dispensan, entre otras razones porque la misma buena fe exige en la contraparte un comportamiento diligente…”

Pedro Hernández, abogado
Blog: http://www.pedrohernandezabogado.com/
Consultas legales: 807 520 008 (1,18 €/min. desde fijo; 1,53 €/min. desde móvil)

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