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El espejismo de la dación en pago

Eduardo LlarenaEl pasado día 10 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6 / 2012 llamado “de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”. Se ha vendido como la regulación de la “dación en pago”, pero ¿estamos en presencia de la dación en pago esperada ansiosamente por los consumidores de productos bancarios para poner solución a los problemas de pago de créditos en esta situación de crisis? Realmente no; la dación en pago se ha configurado, de conformidad con las entidades financieras que siempre se han opuesto a esta fórmula, como la última solución, manteniendo abiertas las puertas para que los bancos utilicen otras vías que les permitan seguir cobrando intereses, y ahogando financieramente a las familias.

El problema que acucia a muchas familias que tienen graves dificultades para hacer frente a los pagos de su hipoteca no consiste solamente en el hecho de perder su vivienda, sino que después de haberla perdido aún van a seguir debiéndole dinero a la entidad financiera, lo que va a dificultar enormemente su acceso a otros créditos, a tarjetas y, más grave aún, es que pueden tener sus nóminas u otros bienes embargados durante años por no haber podido pagar las viviendas que ya perdieron.

Dado que el banco tiene la posibilidad de quedarse con el piso por el 60% del valor de tasación, sucede con frecuencia que después de perdida la casa resta deuda pendiente.
Lo que los consumidores esperaban de los poderes legislativo y ejecutivo era un cambio normativo que, al igual que sucede en otros países, implique que si se pierde la casa y las cantidades pagadas previamente, al menos la deuda quede cancelada.

La nueva legislación no cumple las expectativas de los consumidores, pues esta dación en pago solamente se va a poder aplicar a muy pocos casos.

Para que un consumidor se pueda acoger a la dación en pago hace falta cumplir varios requisitos:

1- Solo se aplica a la vivienda habitual.
2- Ninguno de los miembros de la unidad familiar (deudor con cónyuge e hijos dependientes) ha de percibir rentas del trabajo o de actividades económicas. Todos en paro. No se dice nada de aquellos que perciben rentas del capital o de arrendamientos urbanos.
3- Que la cuota hipotecaria (el importe de la cuota a pagar) debe superar el 60% de los ingresos netos que perciba el conjunto de la unidad familiar.
4- Que la unidad familiar carezca de otros bienes con los que pagar.
5- Que se tratara de un crédito para comprar la única vivienda de propiedad del deudor.
6- Que el préstamo no tenga otras garantías. Si hay avalistas éstos también han de estar todos en paro, no tener otros bienes y la cuota superar el 60% de sus ingresos.

Pero aún cumplidos estos requisitos el banco, antes de aceptar la dación en pago, tiene la facultad de reducir los intereses moratorios, estableciendo un periodo de carencia. Y si aún con esto no fuera suficiente, el banco aún podrá reducir el importe total de la deuda antes de aceptar la dación en pago.

Es decir el objetivo real de la nueva norma consiste en mantener el cobro de intereses salvo que ello sea, ahora o en el futuro, absoluta y completamente imposible, concediendo entonces como favor lo que debería ser un derecho.

Como con los anteriores requisitos aún podría caber alguna posibilidad de acceder a la dación en pago, la norma dispone nuevos obstáculos, exigiendo que las viviendas objeto de dación en pago deberán haber sido adquiridas por debajo de un determinado precio. Por ejemplo en Móstoles la vivienda habrá debido ser adquirida por debajo de 150.000 euros. Esto reduce muchísimo el campo de aplicación, pues en el año 2006 ese era el precio mínimo de un apartamento minúsculo y muy viejo; hasta un piso en una cuarta planta sin ascensor era más caro de 150.000 euros.

Y por último, se permite a las entidades financieras sumarse o no a esta legislación. Estamos ante una norma voluntaria para las entidades financieras. Naturalmente todas han corrido a sumarse, porque queda bien a efectos publicitarios, dado que a nada les va a obligar, pues realmente las personas que entreguen su piso en dación en pago son las que nunca hubieran pagado la deuda, y así el banco se ahorra un pleito.

En fin, aún queda por ver el viaje que da la iniciativa legislativa popular prevista para una auténtica dación en pago y no el simulacro presentado, pero vistos los antecedentes, cuando en la anterior legislatura los dos partidos mayoritarios se opusieron a los proyectos presentados, seguramente los intereses de los ciudadanos consumidores no van a quedar amparados de ninguna manera.

En resumen, no es esto lo que están pidiendo los consumidores acogotados por deudas que no pueden pagar y que los va a sumergir en un estado de morosidad permanente.

Eduardo Llarena
Abogado con despacho abierto en Móstoles (Madrid) desde 1991.
Web: www.asistencialegal.net
Blog: asistencialegal1.blogspot.com
Teléfono: 91 613 90 08

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