Vecinos de la Costa del Sol “desaparecen” para no pagar a la comunidad

Numerosos extranjeros con propiedades en la Costa del Sol están abandonando sus viviendas sin hacer frente a las cuotas de la comunidad. Estos impagos ya suponen el 20% de la morosidad en las comunidades de propietarios de Málaga, donde la deuda supera los 12 millones de euros, según los datos del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

La crisis y la caída del precio de los inmuebles motivaron que muchos extranjeros, principalmente los ingleses, abandonaran a su suerte la propiedad que habían adquirido, “por entender que eran mucho mayores los gastos que el valor al que habían comprado”, cuenta Laura Varela, administradora de fincas en Mijas (Málaga).

Intentar cobrar las deudas resulta muy complicado por los problemas que supone localizar a los morosos en sus países de origen y realizar los requerimientos. “La principal dificultad estriba en que la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) obliga a los propietarios a notificar su domicilio en España, y éste, para los extranjeros, es el de la propia comunidad. Por ello, a la hora de intentar notificarles la deuda o los acuerdos para reclamársela, no se consigue, pues normalmente no se encuentran en dicho domicilio”, señala Fernando Pastor, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla.

Para Pastor, la LPH protege al moroso extranjero ya que facilita que el juez, antes de proceder contra el deudor, exija que la comunidad trate de localizarlo no sólo en la dirección española que haya facilitado, “de esta manera, los tribunales traspasan a las comunidades una responsabilidad que realmente no les corresponde, ya que es el propietario el que está obligado a comunicar su domicilio a efectos de comunicaciones”.

La administradora de fincas Laura Varela lleva cinco años intentando que un propietario inglés, que desapareció entre 2006 y 2007, pague los 17.000 euros que debe a la comunidad.

Situaciones como esta son muy comunes “en las comunidades malagueñas situadas en costa”, asegura la administradora de fincas. De hecho, en otra de las fincas que gestiona Varela la deuda llegó a ascender a 16.000 euros, “pero, en este caso, hace poco menos de un año, el banco se adjudicó la vivienda y, al convertirse en nuevo propietario, la comunidad pudo recuperar parte de la deuda”, explica.

No obstante, la adjudicación fue anterior a la reforma de la ley, que ahora posibilita reclamar la deuda del año natural y los tres inmediatamente anteriores. La administradora ha encargado a un despacho de abogados especializado en derecho inmobiliario localizar al moroso en Reino Unido para recuperar los 11.000 euros restantes que le corresponden pagar.

Esther Astorga, administradora de más de una veintena de comunidades de la costa malagueña, conoce casos en los que los dueños, aunque no pagan a la comunidad, “siguen viniendo a disfrutar de la vivienda o incluso la ceden en alquiler a agencias inmobiliarias obteniendo rentas por ellas mientras esperan la adjudicación a la correspondiente entidad bancaria titular de la hipoteca”.

Una de las comunidades que administra Astorga ganó una demanda contra un deudor de 17.000 euros, pero no se ha logrado cobrar “porque este propietario no tiene bienes en nuestro país distintos de las viviendas que están gravadas con sendas hipotecas. También le hemos reclamado la deuda en el Reino Unido pero se ha defendido argumentando la deficiencia de los servicios de la comunidad”.

Los casos de ingleses morosos son innumerables, pero las administradoras de fincas coinciden en que no se puede medir con el mismo rasero a todos los dueños de esta nacionalidad, “la mayoría de ellos son buenos pagadores”, afirma Astorga.

Esta situación ha provocado que muchas comunidades se conviertan en auténticos detectives para tratar de localizar al deudor y varios administradores de fincas de la Costa del Sol han comenzado a trabajar con despachos especializados en cobro de deudas en el Reino Unido. El bufete londinense Welbeck Law LLP ha contactado con 27 deudores en sus domicilios, “les escribimos para darles 14 días para pagar la deuda. Si no lo hace, emitimos una solicitud de pago en los tribunales británicos”, explica el abogado Jeremy Boyle.

Este procedimiento reduce los tiempos de cobro de la deuda ya que la sobrecarga de trabajo en los juzgados españoles hace que en la Costa del Sol se puedan alargar hasta cuatro años, aunque lo normal es que el plazo sea de unos dos años aproximadamente. Boyle asegura que “si echamos mano de las leyes europeas en el país de origen del deudor se puede conseguir hacer cumplir una orden de pago en un tiempo estimado de entre 8 y 12 semanas”.

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