La cadena de suicidios por desahucio ha movilizado la maquinaria política y por inercia a la banca. Gobierno y PSOE se han puesto finalmente de acuerdo en una cosa: parar los desahucios en casos extremos durante dos años. La Asociación Española de Banca (AEB) ha aceptado la propuesta.

Las cajas de ahorros miembros del AEB paralizarán las ejecuciones de desahucios “por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social”. También afirman en un comunicado que “el contenido de este compromiso había sido objeto de un debate intenso y profundo de los bancos asociados a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica”.

Las entidades financieras asociadas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), por su parte, también se añaden a la propuesta y ”suspenden la ejecución de desahucios de vivienda habitual de colectivos especialmente vulnerables, hasta la entrada en vigor de la reforma normativa anunciada por las autoridades”.

Esta medida no tendrá carácter retroactivo. En lo que va de crisis, desde 2008, se han ejecutado unos 172.000 desahucios y aproximadamente unos 178.000 se encuentran en proceso. Así pues, aquellas ejecuciones en proceso podrían quedar paralizadas si finalmente se aplica la moratoria anunciada.

Los bancos creen que no se debe premiar el impago ya que hay mucha gente hipotecada que sigue haciendo frente a su deuda. Por ello, deberán saber diferenciar los que no tienen ingresos de los que no quieren pagar. También se muestran reticentes a la dación en pago, ya que podría afectar a la cédulas hipotecarias, que son productos financieros basados en los créditos hipotecarios, que ya están vendidos por todo el mundo.

Antecedentes: El código de buenas prácticas

En marzo de 2012 se aprobó el código de buenas prácticas, basado en la protección contra los desahucios de aquellas familias que tuvieran todos sus miembros en paro y que debieran que destinar más del 60% de sus ingresos a la hipoteca y si no dispusieran una segunda vivienda, siempre y cuando no estuvieran avalados por nadie. En este último caso, los garantes también deberán estar en situación de desempleo, gastar el 60% de su salario en la hipoteca y no tener ningún otro inmueble o bienes en su posesión.

El Gobierno no quiere que ninguna familia se quede sin techo

El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha ha afirmado que “es imprescindible” que “ninguna familia de buena fe se quede sin un techo como consecuencia de la crisis” y ha comprometido al Gobierno a velar por este objetivo, después de hacer referencia a que hay un millón de viviendas vacías.

Más información: 
El País: La banca acuerda paralizar los desahucios por “circunstancias de extrema necesidad”
El País: El Gobierno dará una moratoria de dos años ante desahucios extremos
Cinco días: La banca paraliza dos años el desahucio de las familias más vulnerables

Cada día son más las entidades financieras que se suman al ‘Código de Buenas Prácticas’ impulsado por el Gobierno para evitar los desahucios. Ya se han adherido el Banco Santander, Catalunya Caixa, Bankinter, NCG Banco y otras 23 cooperativas de crédito como Grupo Cajamar, Grupo Cooperativo Caja Rural del Mediterráneo y Caixa Rural Les Coves de Vinromá. Caixabank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y BMN también han anunciado su adherido al ‘Código de Buenas Prácticas’, según ha informado la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

Estas entidades deben comunicar su inclusión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, quién hará público el listado. La permanencia en el Código será, como mínimo, de dos años y su incumplimiento podrá invocarse ante los Tribunales de Justicia por el afectado. El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.

El ‘Código de Buenas Prácticas’ se aplicará en las siguientes fases:

1.- Reestructuración de la deuda hipotecaria

Los deudores en el ámbito de exclusión podrán solicitar a la entidad una reestructuración de su deuda hipotecaria que haga viable su pago y que deberá estar presentado en el plazo de un mes. Ese plan deberá incluir una carencia en la amortización de capital de cuatro años, la ampliación del plazo de amortización hasta cuarenta años y la reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 puntos. Podrán solicitar la reestructuración aquellos deudores cuyo procedimiento de ejecución no se haya iniciado.

2.- Medidas complementarias

Si pese a la refinanciación resulta inviable el pago de la deuda, el deudor podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortización. Se considerará inviable cualquier reestructuración que suponga para la unidad familiar una cuota hipotecaria superior al 60% de sus ingresos. Podrán solicitar la quita quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se haya anunciado la subasta.

3.- Medidas sustitutivas

Si ninguna de las dos fases anteriores da resultado, los deudores en ámbito de exclusión podrán solicitar la dación en pago de la vivienda. Supondrá la cancelación total de la deuda con la entrega de la vivienda, junto a las responsabilidades personales del deudor. El deudor podrá permanecer un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta anual equivalente al 3 por 100 del importe de la deuda pendiente. Durante dicho plazo, el impago de la renta devengará un interés de demora del 20%. La dación en pago no será aplicable cuando el procedimiento de ejecución haya concluido o si la vivienda está gravada con cargas posteriores.

El Banco Santander, el primer grande

Banco Santander es el primer grande del sector financiero español que ha anunciado su adhesión al ‘Código de Buenas Prácticas’. Además, el banco mantiene su iniciativa de otorgar una moratoria del pago de capital durante tres años, sin modificar las condiciones financieras y permitiendo el alargamiento del plazo, a aquellas familias que hayan visto reducidos sus ingresos o en las que uno de los miembros esté en paro.

CatalunyaCaixa ha concedido daciones desde 2008

“La vocación de la entidad es siempre la de anticiparse a los problemas de las familias con agilidad y eficacia y, desde 2008 (6.500 daciones concedidas en cuatro años), ha estado aplicando medidas similares a las del ‘Código de Buenas Prácticas’”, ha señalado la entidad en un comunicado en el que se anuncia su adhesión.

Bankinter también dice ‘sí’

“Toda contribución que ayude a combatir la difícil situación por la que pasan muchas familias en las circunstancias actuales es útil, es válida y sus beneficios compensan con creces sus costes”, anuncia Bankinter para indicar que se suma al ‘Código de Buenas Prácticas’. Según la consejera delegada del banco, María Dolores Dancausa, “Bankinter ha sido pionero en España en poner en marcha iniciativas tendentes a la dación en pago”. “Estamos convencidos de que sólo con el compromiso y la determinación de todos será posible superar esta dura situación económica que entra ya en su quinto año”, afirma Dancausa.

Más síes de 23 cooperativas de crédito

El Grupo Cajamar (que agrupa a 6 cooperativas de crédito y al que está previsto unirse Caja Rural de Canarias), el Grupo Cooperativo Caja Rural del Mediterráneo (que engloba a 15) y Caixa Rural Les Coves de Vinromá han también se sumarán al ‘Código de Buenas Prácticas’. En total, estas cooperativas de crédito suponen el 35% del sector. “Esta medida es un paso más que da el modelo de banca cooperativa en España para evitar la exclusión social”, han señalado. De hecho, las cooperativas han subrayado que ya venían aplicando, de forma voluntaria, algunas de estas iniciativas reguladas en el nuevo código.

Suma y sigue … Caixabank, Bankia, Ibercaja …

Caixabank, Bankia, Ibercaja, Unicaja, Kutxabank y BMN también han anunciado su adherido al ‘Código de Buenas Prácticas’, según ha informado la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). La patronal de las cajas espera que además de estas entidades, representadas en la comisión ejecutiva su consejo de administración, el resto de entidades anuncien su firma una vez evaluados los correspondientes impactos de la medida en su cartera de préstamos.

NCG Banco lo tiene que aprobar todavía

“NCG Banco (Novagalicia Banco) someterá a la aprobación de su próximo consejo de administración la adhesión voluntaria al ‘Código de Buenas Prácticas’”, ha anunciado la entidad en un comunicado. NCG Banco recuerda que ha bonificado a 9.500 familias con problemas para pagar la hipoteca y ha anunciado que trabaja en un plan específico que contemplará las medidas del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno. Como recuerda el banco, “esta norma está dirigida a aliviar la situación económica y social de las familias en riesgo de exclusión”.

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El Mundo: Goteo incesante de adhesiones bancarias al código ‘anti desahucios’ del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que establece medidas para paliar el problema de los desahucios para las personas en riesgo de exclusión social. En él se fijan los umbrales que dan entrada al colectivo a proteger, se limitan los intereses de demora y se reforman los procedimientos de ejecución extrajudicial. Junto al Real Decreto Ley, se incluye un Código de Buenas Prácticas que podrán suscribir de forma voluntaria las entidades financieras y que será publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una vez suscrito, su cumplimiento será obligatorio y podrá invocarse ante los Tribunales.



1.- En la norma se fija la definición del umbral de exclusión: que sea primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carezcan de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas. Además, la cuota hipotecaria deberá ser superior al 60% de los ingresos netos que perciban el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Deberán, asimismo, carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.

2.- Valor de la vivienda

El valor de adquisición de la vivienda hipotecada deberá situarse en los siguientes márgenes:

A.- Para ciudades de más de un millón de habitantes: 200.000 euros.
B.- Para ciudades de más de quinientos mil habitantes o integradas en áreas metropolitanas de municipios de más de un millón de habitantes: 180.000 euros.
C.- Para ciudades de más de cien mil habitantes: 150.000 euros.
D.- Para ciudades de menos de cien mil habitantes: 120.000 euros.

También para las familias en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable será el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5% sobre las cantidades debidas y no pagadas.

Se aborda, igualmente, en este Real Decreto Ley una reforma de los procedimientos de ejecución extrajudicial, con el fin de hacerlos más ágiles, baratos y transparentes en línea con los de ejecución judicial. En concreto habrá un nuevo sistema de subastas online en colaboración con los Ministerios de Justicia y de Presidencia.

3.- Código de Buenas Prácticas

La reforma se completa con un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria por parte de las entidades financieras. Éstas deberán comunicar su inclusión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, quién hará público el listado. La permanencia en el Código será, como mínimo, de dos años y su incumplimiento podrá invocarse ante los Tribunales de Justicia por el afectado.

El seguimiento será efectuado por una Comisión de Control en la que estará una representación de la Asociación Hipotecaria Española, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Secretaría de Estado de Economía. La Comisión de Control publicará al respecto un informe semestral sobre el grado de cumplimiento del Código.

El Código de Buenas Prácticas se aplicará en las siguientes fases:

1.- Reestructuración de la deuda hipotecaria
Los deudores en el ámbito de exclusión podrán solicitar a la entidad una reestructuración de su deuda hipotecaria que haga viable su pago y que deberá estar presentado en el plazo de un mes. Ese plan deberá incluir una carencia en la amortización de capital de cuatro años, la ampliación del plazo de amortización hasta cuarenta años y la reducción del tipo de interés aplicable a Euribor + 0,25 puntos. Podrán solicitar la reestructuración aquellos deudores cuyo procedimiento de ejecución no se haya iniciado.

2.- Medidas complementarias
Si pese a la refinanciación resulta inviable el pago de la deuda, el deudor podrá solicitar una quita en el capital pendiente de amortización. Se considerará inviable cualquier reestructuración que suponga para la unidad familiar una cuota hipotecaria superior al 60% de sus ingresos. Podrán solicitar la quita quienes estén en procedimiento de ejecución, siempre que no se haya anunciado la subasta.

3.- Medidas sustitutivas
Si ninguna de las dos fases anteriores da resultado, los deudores en ámbito de exclusión podrán solicitar la dación en pago de la vivienda. Supondrá la cancelación total de la deuda con la entrega de la vivienda, junto a las responsabilidades personales del deudor. El deudor podrá permanecer un plazo mínimo de dos años como arrendatario pagando una renta anual equivalente al 3 por 100 del importe de la deuda pendiente. Durante dicho plazo, el impago de la renta devengará un interés de demora del 20%. La dación en pago no será aplicable cuando el procedimiento de ejecución haya concluido o si la vivienda está gravada con cargas posteriores.

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